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Corrupción e impunidad convirtieron a México en un país de origen, tránsito y destino del delito de trata

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Corrupción e impunidad convirtieron a México en un país de origen, tránsito y destino del delito de trata

“Los altos índices de corrupción, criminalidad, impunidad e invisibilidad que los gobiernos neoliberales generaron, convirtieron a México en un país de origen, tránsito y destino del delito de trata de personas”, alertó el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT).

Exhortó a la Segob a publicar el Programa Nacional para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo —   Dip. Reginaldo Sandoval

Ante este panorama, el legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que publique el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, porque a la fecha no ha sido expedido.

El petista indicó que este delito afecta a miles de personas cada año, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. “Las víctimas generalmente son atraídas con falsas promesas de dinero, oportunidades de educación u ofertas de trabajo bien remunerados”.

Abundó que el tratante mantiene un constante control sobre la víctima a través del enamoramiento, la intimidación, la violencia, el engaño e inclusive se les despoja de sus documentos de identidad para mantener un control absoluto.

Asimismo, advirtió que durante la pandemia por la Covid-19, la trata de personas creció y se multiplicó exponencialmente, afectando severamente a los grupos poblacionales en situación de mayor marginación e inseguridad, como son mujeres, niñas y personas en situación de movilidad irregular.

“Por tal motivo, urge que las acciones gubernamentales de prevención, atención, sanción, persecución, protección y asistencia se vean fortalecidas a partir de este Programa Nacional. Exhortamos que la Comisión Intersecretarial emita dicho reglamento con la debida diligencia y el presupuesto adecuado que garantice el pleno acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de la población y el resarcimiento a las víctimas de tan deleznable delito”, sentenció.