La diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Lilia Aguilar Gil, señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualmente existen 6.1 millones de viviendas deshabitadas, esto debido a una situación primariamente estructural, ocasionada por la mala ubicación o la falta de servicios básicos.
Propuso reformar la ley para recuperar las que puedan ser habitables; hay casos donde los inmuebles están en zonas de alto riesgo
Ante este panorama, la Presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara Baja propuso reformar la ley en la materia, a fin de que las reservas territoriales donde se encuentran éstas puedan ser analizadas y recuperadas, “pero solo aquellas que son habitables, porque hay casos donde los inmuebles abandonados están en zonas de alto riesgo”.
En tribuna, al hablar a favor de las modificaciones a la Ley de Vivienda, la diputada proponente recordó que durante muchos años, principalmente en los sexenios panistas, los inmuebles fueron vistos como simple mercancía.
“Uno de los logros de esta legislatura fue cambiar este paradigma, hoy no es más una mercancía, es un derecho. Reformamos el artículo 4o constitucional y ya no es negocio de unas cuantas familias, ni sirve para financiar campañas, ahora es un derecho que se brinda a las y los ciudadanos mexicanos, tengan o no seguridad social”, abundó.
La petista precisó que en las administraciones pasadas se realizaron negocios desde el sistema inmobiliario. “Algunos exfuncionarios se coludieron ilegalmente con constructoras para vender viviendas mal construidas, con pisos de más y con vicios ocultos y hoy en día el resultado es que tenemos familias que no tienen certeza jurídica sobre su propiedad; hay muchas familias que fueron víctimas del llamado “cártel inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez”.
Por último, aseguró que con esta reforma se dará mayor certeza jurídica, porque se establecen mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal, para la recuperación de vivienda en condición de abandono, con respeto a los principios de legalidad y basada en criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.
