“De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, una de las actividades que está directamente relacionada con el lavado de dinero, en el país, es el tráfico ilegal de obras de arte, principalmente de piezas prehispánicas”, aseguró la diputada Ana Karina Rojo Pimentel.
Aunque no existen cifras precisas, el saqueo y venta de piezas arqueológicas es una actividad desarrollada en mercados negros de todo el mundo
Agregó que nuestro país se ubica en el sexto lugar, a nivel mundial, con más bienes culturales, con 35 inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; “ante esta situación, México es más propenso a sufrir el robo y tráfico de piezas arqueológicas, por parte de la delincuencia organizada”.
Derivado de esto, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de ajustar los mínimos y máximos de las penas corporales de todos los tipos penales contemplados, ponderando aquellos que lesionan más el patrimonio cultural.
“Asimismo, se busca cambiar en este marco legal el concepto de salario mínimo para incluir el de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es el indicado para estimar los montos de las sanciones”, detalló Rojo Pimentel.
Argumentó que aunque no existen cifras precisas, el saqueo y venta de piezas arqueológicas es una actividad desarrollada en mercados negros de todo el mundo, se estima que el tráfico de bienes históricos y culturales es una actividad criminal cuyo aparato económico está sólo por debajo del comercio ilegal de armas y drogas.
“Es importante resaltar que la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, recuperó en el 2019, una importante suma de piezas arqueológicas e históricas que fueron incautadas en el extranjero; no obstante, aún existen miles sin recuperar. De ahí la importancia de elevar las penas y multas, para tratar de inhibir estas prácticas”, concluyó.
