En la sesión de hoy, la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), propuso reformar los artículos 26 y 27 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, con el propósito de suscribir los conceptos de Unidad de Medida y Actualización (UMA) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en esta normativa.
De no hacerlo, los montos que deben ser aplicados por sanciones a servidores públicos son erróneos
En tribuna, la congresista señaló que desde la expedición de esta ley, en 2008, no ha tenido ninguna reforma, por lo que en el capítulo que se refiere a las infracciones y sanciones presenta un atraso en sus articulados, ya que se sigue mencionando el salario mínimo como parte de las multas, cuando desde el 27 de enero de 2016 se desindexó el salario mínimo y se creó la UMA.
Expuso que al no actualizarse las multas los montos que deben ser aplicados por faltas y las sanciones a los servidores públicos son erróneos, “lo que permite que se sigan cometiendo actos de corrupción, debido a que no hay sanciones complementarias por sus actos”.
De igual forma, la legisladora oaxaqueña abundó que en el caso del artículo 27 de este marco legal se menciona que los servidores públicos que así lo ameriten serán sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin tomar en cuenta que el 18 de julio de 2016 entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Se requiere hacer esta modificación, a fin de actualizar la normatividad y que queden claras las obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación”, concluyó.
