La diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), afirmó que es indispensable que los pueblos originarios puedan conocer de manera transparente si las autoridades federales han otorgado una concesión para la extracción mineral, o existe solicitud de concesión en terrenos adyacentes a sus comunidades, con la finalidad de que se encuentren en posibilidad de defender sus intereses.
Es necesario que estén informados, a fin de defender sus intereses
Por ello, la parlamentaria por Puebla presentó un punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía (SE) a transparentar el estado que guardan las concesiones mineras vigentes y las solicitudes en trámite que se encuentran en territorios con comunidades indígenas, para evitar cualquier tipo de afectación.
En ese sentido, la congresista recordó que después de siete años de litigios judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dejar insubsistentes las concesiones otorgadas a la empresa minera Almaden Minerals, debido a que las autoridades mexicanas no realizaron una consulta previa a las comunidades indígenas de Tecoltemi, Puebla, como lo exige la Constitución Política.
“Es importante precisar que se trata de la primera ocasión en que nuestro máximo tribunal resuelve invalidar una concesión minera, por incumplir con el requisito de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, que sufrirán afectaciones con la operación de la concesión otorgada”, precisó.
La petista recalcó que como consecuencia de esto la resolución tomada por la SCJN posibilita cancelar todas las concesiones que hayan sido otorgadas por las autoridades competentes, cuando omitan cumplir con la obligación de consultar a las comunidades indígenas afectadas.
“Sin lugar a dudas, la resolución a favor de la comunidad de Tecoltemi servirá para guiar las resoluciones de los tribunales mexicanos en casos similares y que se encuentran litigando actualmente en nuestro país. Se da un precedente que puede garantizar que toda concesión minera que otorgue el gobierno mexicano primero deba ser consultada, de forma libre e informada, por las comunidades indígenas afectadas”, concluyó.
