Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), respecto de la iniciativa que reforma la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el diputado Reginaldo Sandoval Flores destacó que con ésta se busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano.
Se propone reducir beneficios y aumentar obligaciones para las empresas privadas
El legislador por Michoacán ahondó que se trata de una modificación estructural a la regulación del sector minero de México, al proponer la reducción de beneficios y el aumento de obligaciones para las empresas privadas.
En ese sentido, el congresista detalló que de las 249 operaciones mineras metálicas en México el 72% opera sin permisos de descargas residuales; el 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado en los últimos 17 años, datos ante el registro de emisiones y transferencias de contaminantes; 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; y 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas.
Ante este panorama, el Presidente de la Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados enfatizó que con esta reforma se pretende terminar con la extracción intensa de los recursos minerales, el despojo territorial y el desplazamiento forzado; además, se busca fortalecer las medidas de seguridad para las personas trabajadoras de las minas; también se propone regula de manera adecuada la concesión minera y el consumo de agua.
“No cabe duda de que constituye un paso más en la dirección de anteponer el bienestar de la población, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la defensa de la soberanía y rectoría del Estado, por encima de la búsqueda de la utilidad y la ganancia”, precisó.
En su oportunidad, la diputada Esther Martínez Romano, del PT, resaltó que con esta iniciativa se contribuye a proteger el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente sano y a preservar los recursos naturales de la nación.
“Atiende en todo momento el desarrollo sustentable, mediante la integración de criterios ambientales en las concesiones mineras, que habrán de contribuir al fuerte impacto ambiental que tiene por su propia naturaleza la actividad minera”, agregó.
La diputada por Puebla puntualizó que uno de los temas primordiales de los pueblos indígenas es lo referente a las consultas para el otorgamiento de concesiones, pues durante toda la historia del país siempre habían estado relegados y excluidos de opinar sobre la conveniencia de otorgar o no éstas.
“Con las reformas propuestas la exploración, explotación y beneficios de los minerales serán de utilidad pública, con el objetivo de contribuir a la distribución equitativa de la riqueza del país, garantizando en todo momento la protección del medio ambiente y privilegiando el desarrollo equilibrado y sustentable”, sostuvo.
Agregó que para el caso de que se solicite una concesión minera en un terreno ubicado en territorio de pueblos indígenas o afromexicanos, la Secretaría de Economía estará obligada a solicitar a la autoridad competente a llevar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, antes de emitir la convocatoria. “Los pueblos originarios sí queremos esta iniciativa de reforma a la Ley Minera”.
