“La violencia de género y la violencia familiar son dos de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana. Es urgente erradicar este tipo de hechos, que afectan en mayor medida a mujeres y niñas; por ello, se propone expedir la Ley Nacional para la Aplicación de Órdenes y Medidas por Razones de Género, Violencia Familiar y Casos en los que las Víctimas están en Condiciones de Vulnerabilidad”, afirmó la diputada María Rosete.
Se creará el Sistema Nacional de Protección, para evitar que se pierda la vida de quienes deciden denunciar hechos violentos
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) expuso que con este marco normativo se creará el Sistema Nacional de Protección (SNP), el cual buscará evitar que se pierda la vida de quienes deciden denunciar o hacer del conocimiento a la autoridad de hechos violentos.
Detalló que actualmente las personas que denuncian un delito de este tipo enfrentan la dilación en la ejecución de una orden o medida de protección, que en muchas ocasiones las coloca en riesgo latente. “Se propone crear una estructura policial con facultades exclusivas para la aplicación inmediata de una orden o medida de protección emergente y preventiva para este tipo de delitos”.
La congresista por la Ciudad de México comentó que el anteproyecto de ley requiere de un presupuesto para la creación de instituciones, cuya intervención resulta clave en la aplicación oportuna e inmediata de órdenes y medidas de protección.
“Estos recursos servirán, a su vez, para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones, a través de servicios policiales, psicológicos, médicos y jurídicos que requieren con urgencia las víctimas de violencia de género o familiar”, expresó.
Precisó que la propuesta, que es respaldada por integrantes del GPPT, tiene dos objetivos estratégicos: por un lado, la prevención y lucha contra las violencias que sufren mujeres, adolescentes y niñas; por el otro, busca prevenir y combatir las violencias que afectan a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad, las cuales enfrentan niveles de riesgo que comprometen sus derechos.
La petista argumentó que la estructura normativa que abarcaría el anteproyecto de legislación sería complementaria, operativa y funcional del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Se incorporan procesos indispensables, sencillos, rápidos y flexibles, destinados a la aplicación de órdenes y medidas de protección emergentes y preventivas, desde el momento en que la autoridad tiene conocimiento de actos de violencia”, concluyó.
